Por Juan Llado
Después
de que el pasado año el Gobierno anunciara su plan para Pedernales se nota un
virtual abandono del esfuerzo para detonar el desarrollo turístico en la región
más pobre del país. Ese “plan integral” parece bastante aceptable, pero los
aprestos para ponerlo en ejecución no se abordan. Talvez se esté esperando el
fallo del Tribunal Constitucional sobre la apelación de los supuestos
propietarios de las parcelas de Bahía de las Águilas. Pero tampoco se conoce de
expresiones de interés de parte de los inversionistas privados en el polo y hay
razones para pensar que también debería haber un “plan b”.
La
base del anunciado plan es una intervención gubernamental que conduciría el
desarrollo. El modelo adoptado se parece al que se usó para desarrollar a Puerto
Plata (PP) en los años setenta, incluyendo la planificación del suelo. Mientras
para PP se creó el Departamento INFRATUR en el Banco Central y un fondo para
financiar los proyectos privados, para Pedernales se ha creado un Gabinete
Turístico bajo el Ministro de la Presidencia y un fideicomiso que administrara
las tierras y que, por haber sido confiado al Banreservas, se supone que
también podría suministrar financiamiento. Una notable diferencia es que en el
primero no hubo mucho énfasis en los aspectos medioambientales, talvez porque
en ese entonces no existían los peligros y desafíos que existen hoy día.
La
otra diferencia es que mientras en PP el Estado vendería los terrenos a
desarrollar, en el caso de Pedernales el fideicomiso podría, dependiendo del
esquema adoptado para un proyecto en particular, retener una participación
accionaria. Pero en vista de que el Banco Central todavía ostenta la propiedad
de importantes activos en la Costa Norte, la tendencia a perpetuar el rol
estatal de ambos esquemas resulta obvia. Hace tiempo que el Banco Central debió
vender esos activos.
Pero
el recomendable objetivo de limitar el rol estatal en el tiempo no es la razón
para tener un “plan b” para Pedernales. La razón principal tiene que ver con
las posibilidades de atraer la inversión privada. La experiencia de PP sugiere
que en esto podría estar el Talón de Aquiles del anunciado plan. A pesar de que
el Estado proveyó las infraestructuras necesarias en Playa Dorada y construyo
un aeropuerto, los inversionistas no reaccionaron. Su apatía fue tal que el
Banco Central finalmente tuvo que construir el primer hotel (Jack Tar) para que
la inversión privada comenzara a fluir. Y cuando lo hizo fue principalmente
nacional.
En
el caso de Pedernales la reticencia podría ser aún mayor y el despegue
dilatarse por varios anos. Esto así porque los terrenos designados para el
desarrollo, los cuales están ubicados en una franja de 14 kilómetros de costa
desde la misma ciudad de Pedernales hasta La Cueva, no son los más apetecibles para
los inversionistas. A través de los anos, las ofertas más convincentes se han
centrado en los terrenos de Bahía de las Águilas y si ha habido alguna para los
de Cabo Rojo no ha sido muy creíble. Aun cuando el Gobierno muestre firmeza en
la erradicación del tráfico minero por el muelle de Cabo Rojo, la playa misma
tampoco puede compararse favorablemente con la de Bahía.
Otros
dos factores importantes influirían en el interés de los inversionistas
privados. El primero tiene que ver con los atributos de la misma playa de
Bahía: aunque su balneario, su arena blanca y la suave pendiente la hacen muy
apetecible, la vegetación adyacente es muy inferior en atractivo a los grandes
cocales de, por ejemplo, Bávaro-Punta Cana. Hay que tener en cuenta que en el
país todavía existen muchas otras playas cuya vegetación es más atractiva, amén
de lo que podría ofrecer el mercado internacional, especialmente Cuba. Si a eso
se añade que el plan gubernamental no contempla desarrollos en la misma Bahía,
la situación se torna menos atractiva para el inversionista.
En
segundo lugar, los potenciales inversionistas miraran dos veces la situación
con los servicios básicos de infraestructura. El plan gubernamental amplia la
pista de aterrizaje del aeródromo de Cabo Rojo para acomodar grandes aviones,
pero eso no es suficiente. Se necesita un acueducto, una planta de tratamiento
de aguas residuales, las calles y carreteras, las redes eléctricas y
telefónicas, etc. (A finales de los ochenta, el Presidente Balaguer le ofreció
a los inversionistas del Club Med asfaltarle la carretera que los comunicaba
con Higuey, pero la promesa tardó diez años en materializarse.) Un
inversionista de bolsillos profundos con un proyecto grande podría proveer su
propia infraestructura, pero existen muchos otros sitios alternativos que ya la
tienen. Cuba, en particular, está ahora comenzando una expansión significativa
del inventario de habitaciones hoteleras para llegar a 110,000 adicionales en
el 2030.
Para
ser realistas, entonces, debemos preparar una estrategia (“plan b”) para el
caso de que la inversión privada internacional no fluya. (La nacional es poco
probable porque la tendencia ha sido abandonar el sector en los últimos años.)
Debemos estar preparados para otorgar persuasivos incentivos que permitan
captar las inversiones pioneras, preferentemente las de grandes hoteles y dar
prioridad secundaria a las destinadas a fomentar el “turismo ecológico”. Es el
turismo de masas lo que realmente puede detonar el desarrollo en toda la
región. El ecoturismo es de poco volumen, requiere preparativos sofisticados y
los atractivos naturales de la región son modestos cuando se comparan con
destinos tales como Costa Rica, Venezuela, Colombia, Cuba y Panamá.
El
más convincente incentivo y el primero que hay que ofertar, más allá de los
contemplados en la actual Ley No.195-13 y fluyan de inmediato o no los
inversionistas, es el del aeropuerto. La inversión inicial representa el riesgo
principal para el Estado, pero es absolutamente necesaria. Es casi seguro que
ningún inversionista –por más recursos que tenga—haría esa inversión, por más
grande que sea su proyecto. El segundo cebo seria la donación de terrenos, los
cuales representan entre un 20 y un 30% de la inversión total de cualquier
proyecto turístico. En otros países los gobiernos los han regalado para
convencer a los reticentes inversionistas y nosotros no debemos titubear si eso
llega a ser necesario.
De
hecho se puede ir programando tres lotes de 100,000 metros cuadrados cada uno
para cualquier inversionista, nacional o extranjero, que esté dispuesto a
invertir en un hotel de no menos de 500 habitaciones en Cabo Rojo.
El
tercer cebo es el de las concesiones especiales que solo el Presidente de la
Republica puede otorgar. No debe titubearse si un proyecto apetecible requiere
de una exención impositiva total por un periodo mucho mayor que el actualmente
contemplado en la legislación de incentivos, tanto la de turismo como la
fronteriza. Pero no debe descartarse otros incentivos de otra naturaleza. Lo
que el Estado no debe dar son avales al financiamiento.
Mientras,
el Gobierno debe darle una mano directa a la ciudad misma de Pedernales. Su
Clúster Turístico tiene un plan estratégico de factura reciente que está
enfocado en la creación de una ambientación urbana que complemente el
desarrollo costero. Si ese plan se ejecutara –y su costo total no sobrepasa los
US$10 millones—aumentaría sensiblemente el flujo turístico a la ciudad aun sin
que lo de Cabo Rojo se materializara. De ahí que no deba verse este plan específico
como parte del “plan b” del Gobierno, sino que debe ser parte de su “plan a”.
Este
“plan b” debe ponerse en ejecución tan pronto falle el Tribunal Constitucional
en favor del Estado. Por eso es aconsejable que el Gobierno abandone su
intención de tomar otro préstamo al BID (de US$90 millones) para acicalar aún
más a la Ciudad Colonial y destine esos fondos al anhelado desarrollo turístico
de la región más pobre del país. Eso contribuiría mucho más a acercarnos a los
anhelados diez millones de turistas que si se ofende el sentido de la equidad
con una nueva inversión en la Ciudad Colonial.
