Senado interpelará al director de Aduanas por iniciativa; FJT someterá amparo preventivo este lunes
Ronny Mateo (El Caribe)
Aduanas
reiteró que no dará marcha atrás a la medida.
El anuncio
de la Dirección General de Aduanas (DGA) de aplicar a partir del 15 de agosto
un impuesto a las compras por Internet menores a US$200 sigue generando rechazo de
diferentes sectores de la República Dominicana, por considerarlo violatorio. El
senador de Ocoa, Carlos Castillo, informó ayer que tan pronto inicie la nueva
legislatura (el 16 de agosto próximo), someterá una resolución para interpelar
al director General de Aduanas, Fernando Fernández, por considera que la
aplicación de nuevos tributos es una atribución del Congreso Nacional y no de
resoluciones administrativas.
“El
director de Aduanas no puede aplicar ese impuesto y desde que comience la
legislatura lo vamos a llamar a capítulo. Si él lo aplica, lo hace de manera
ilegal”, manifestó el representante de Ocoa.
Mientras
que el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal
Potentini, anunció que el próximo lunes a las 10:00 de la mañana someterá un
amparo preventivo ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra de las
intenciones de DGA.
Calificó
la medida de ilegal, abusiva, arbitraria y que de concretarse sería violatoria
a la Constitución de la República, al decreto 402-05 y al Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).
“Sería
competencia desleal la desatada por sectores empresariales que se oponen a las
compras por Internet, solamente para preservar su capacidad de fijación de
precios, lo que les permite imponer precios exorbitantes a los artículos que
importan”, manifestó Potentini.
PRD lo rechaza
De su
lado, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) rechazó la decisión del
Gobierno de establecer impuestos arancelarios y el ITBIS a las compras por
Internet.
La
comisión económica del partido blanco señaló que la disposición se adopta al
margen de un diálogo con los actores y sectores involucrados y sin un examen
por parte del Congreso Nacional, que tiene el deber de velar para que las
acciones administrativas no entren en contradicción con la Constitución y las
leyes.
Igualmente,
considera que esa medida crea una inseguridad jurídica para las empresas que
operan al amparo de las leyes, pero que además, se tomó sin tomar en cuenta
compromisos suscritos con el principal socio comercial del país, que es Estados
Unidos. Agrega que la decisión de Aduanas también entra en contradicción con el
DR-Cafta, lo que implica un retroceso para el país.
“Es
nuestra posición que la economía no debe ser regida de modo que se perjudique a
los sectores productivos como el comercio formal, pero mucho menos al indefenso
pueblo consumidor, que es quien en definitiva activa la economía”, sostuvo Iván
Rodríguez, director nacional de Economía del PRD, quien leyó el documento.
Finjus
En tanto
que el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia
(Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, llamó al presidente Danilo Medina a
expresarse al respecto, en el entendido de que la iniciativa es violatoria a
las leyes vigentes y a tratados internacionales.
“El
director de Aduanas ni es un funcionario de carrera ni tampoco un funcionario
electo, entonces no puede sobre la base de una resolución modificar una
decisión presidencial”, agregó Castaños Guzmán.
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