Julia Ramírez
(http://www.elcaribe.com.do)
El Estado
dominicano detalló este jueves cómo se realizó el fraude con los terrenos de
Bahía de las Águilas en Pedernales, y pidieron la anulación de los títulos y
cartas constancias emitidos a esos inmuebles.
Al hacer la
exposición de la demanda, Laura Acosta, hablando en representación del Estado,
relató que el origen del derecho del Estado dominicano en la parcela 215A se
desprende de una decisión del Tribunal de Tierras del año 1953 y el certificado
de título número 28 emitido a favor del Estado dominicano, que le da el derecho
de propiedad sobre este inmueble luego de haber sido subdividida en 215A y
215B.
Este título del
Estado indica, es sobre 363 millones de metros cuadrados y sobre el mismo no se
ha hecho ninguna rebaja.
Al hacer la
exposición de la demanda, Laura Acosta, hablando en representación del Estado
explicó, que el inicio del fraude, que fue descubierto en los archivos del
Instituto Agrario Dominicano (IAD) y en Bienes Nacionales, data de 1990 cuando
se emitieron sendos oficios estableciendo la propiedad de algunas porciones de
terrenos, hoy reclamadas, sobre la base de oficios del IAD que ordenaban sus
transferencia, aun cuando el título de la parcela no se encontraba a nombre de
esta entidad.
Estos oficios,
precisan, que van desde el 7750 hasta 7762 “en realidad corresponden a otros
asuntos que no tienen que ver con asentamientos agrarios o transferencias de
propiedad”.
“Por ejemplo el
oficio 7753 corresponde a un oficio
dirigido a Joaquín Balaguer, expresidente de la República, dándole el pésame
con motivo a la muerte de su cuñado Mario Vallejo, es decir, que el título de
propiedad que pretenden hacer reconocer se sustenta la transferencia en ese
oficio que no es más que un pésame, así ocurre también con los demás”, explicó
Acosta.
Afirmó que esta
práctica se mantuvo desde 1990 hasta el 1995. “Como se dieron cuenta los
defraudadores del Estado que podían transferir derecho de propiedad fácilmente,
en componenda con funcionarios públicos, decidieron que no se iba a coger 50 o
100 tareas, sino que se iban a apropiar de 400 millones de metros cuadrados”,
dijo.
Para poder
realizar esto, explica Acosta, el entonces director de IAD, Jaime Rodríguez
Guzmán, alegadamente expidió en diciembre de 1995 el oficio 10790, en el cual
establece la necesidad de que se le
transfiera al IAD la parcela 215A, ya que, entre otras cosas, existe allí un
“importante asentamiento de reforma agraria”.
Precisa que se
cuándo se remitió esta petición se envió con el sello del registro de título
puesto, “y se equivocaron y pusieron uno que decía registro de título de Santo
Domingo, que en esa época no existía”. Continúa diciendo que al darse cuenta
del error, el 5 de febrero de 1996 emiten el oficio 433 enviado a Carlos Eligio
Línares, entonces director de Bienes Nacionales desde el IAD solicitando la
transferencia del terreno.
En respuesta a
esa comunicación, indica, Linares obtemperó y remitió un oficio solicitando al
registrador de título de Barahona, la transferencia de dicho derecho de
propiedad fue inscrito en el libro 1547 - 387 del libro de inscripciones número
6 del Registro de Título de Barahona
“Es decir que en
menos de 24 horas, dos funcionario públicos emitieron dos oficios, los enviaron
a Barahona, llegó a Barahona el mismo día
y a las ocho y media de la mañana del mismo día del oficio fue
transferido el derecho de propiedad, si eso no es un fraude que venga Dios y lo
vea”, sostuvo.
Explicó también,
que una vez transferidos esos derecho se trató de una componenda que no solo
incluía a Rodríguez Guzmán, Elígio Linares, Luis Ramirez Suberbí, registrador
de títulos de Barahora, sino que también se encontraban en esa componenda los
alegados terceros, muchos hoy reclamantes.
Sostuvo que del 5
de febrero de 1996 al 10 de febrero, el Estado dominicano transfiera al IAD los
terrenos de bahía de las Águilas, esta entidad crea un asentamiento agrario con
más de mil 500 persona, emite los títulos a esas personas y luego esas mil 500
personas le venden a los adquirientes de buena fe que están aquí. Sobre los
terrenos, expresa, se realizan transferencias a pesar de tener dos oposiciones.
Es en 1997 que se
destapa el escándalo, y es cuando, explica Acosta, la procuraduría busca en los
archivos de la Junta Central Electoral para saber los nombres de las personas
que fueron asignadas las parcelas, y encuentra que los alegados campesinos
asentados no son más que los nombres en orden alfabético en el padrón electoral
de las provincia de Pedernales y Barahona.
Posteriormente,
indica, se inició un proceso penal en 1997 contra de Jaime Rodríguez y demás
personas que sirvieron para cometer el alegado fraude. La providencia calificativa del expediente
fue dictada en 2003 por la hoy jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
Esther Ágelan Casasnovas, para la sazón, jueza del Segundo Juzgado de la
Instrucción del DN.
En esa sentencia,
dice Acosta, algunos de los imputados quedaron en libertad por no existir
indicios que comprometieran su responsabilidad penal.
Devuelven y reclaman
Hay dos
reclamantes, dice Acosta, aquí en esta sala que son Puro Pichardo Fernández y
Miguel Nelson Fernández que junto a otros imputados fueron descargados en el
proceso penal porque, entre otras cosas, devolvieron voluntariamente los
terrenos adquiridos, cuyos títulos reposan en el expediente.
Dijo además que
Pichardo depositó el pasado 9 de junio de 1998 un acto de entrega de los
títulos para el proceso penal entregando el título y autorizando su cancelación
para que los terrenos pasasen al Estado.
Manifestó además
el noviembre de 1997 con firma suscrita por José Altagracia Marrero Novas, que
además de estar representado ha venido a las audiencias, devolvió un total de
88 títulos de propiedad (cartas constancias), de diferentes personas, muchas de
las cuales, precisa, hoy reclaman las tierras.
Dice Acosta de
manera irónica que Jaime Rodríguez iba a beneficiar a campesinos para sembrar
guasábara y cabrón, y criarán iguanas en
esas playas de Bahía.
Dada la cantidad de
personas que tenían terrenos adjudicados, muchas de las cuales se enteraron
cuando vieron su nombre en la lista, se creó un formulario para las personas
que aparecían con terrenos adjudicados sin tener conocimiento. Indicó que
muchas de esas personas que establecieron en esos documentos no tener nada, hoy
están representados y reclaman terrenos en Bahía.
Reveló que se
inventariaron mil 491 títulos algunos sin firma y otros sin sellos de
registrador. Agregó que en cuatro días, intentaron despojar de los terrenos al
Estado a través de oficios del IAD, enviados a Bienes Nacionales, de ahí se lo
adjudican a los campesinos y de estos a los terceros adquirientes.
Alegó que la ley
de reforma agraria establece que no se puede transferir los terrenos de reforma
agraria que queda grabado como un bien de familia. “Es imposible que de forma
regular se hicieran las transferencias”
En 2003, fue
descargado por la magistrada Esther Agelan Casasnovas siendo jueza del segundo
juzgado. Puro Pichardo luego de ser descargado en materia penal ahora está
reclamando terrenos. Devolvieron títulos
alegando que no tenían mala fe.
Que no le
despojen a este país de un 1% de su territorio. Es personal de cada uno de los
dominicanos que son propietarias de bahías de las águilas.
El abogado del
Estado Fermín Casilla Minaya concluyó diciendo que se declaren nulas las
transferencias, operaciones inmobiliarias, deslindes, subdivisiones,
refundiciones y cualquier operación de transacción en perjuicio de los terrenos
“propiedad” del Estado, la cancelación de todas las constancias de ventas
anotadas, así como todas las hipotecas, contratos de arredramientos, de cuota
lites y cualquier otro contrato.
Lo envían a juicio
Tras emitir sus
conclusiones en nombre de Puro Pichardo, el abogado Valerio Fabián Romero,
pretendía dar calidades por unos intervinientes voluntarios en el proceso, esto
provocó que la jueza pusiera en duda su integridad profesional, y tras
reclamarle por lo ocurrido le envió por ante el Colegio de Abogados, para que
sea procesado por faltar al Código de Ética.
Se defienden
Seis de los
abogados de la parte demandada emitieron sus conclusiones pidiendo que se
rechazara la demanda del Estado dominicano. Rufino Oliver, representante de la
empresa turística Águilas Dominicana Internacional aseguró que sus clientes eran
compradores de buena fe y criticó que el Estado incentiva a extranjeros a
comprar e invertir aquí para cuando llegan, como es el caso de su cliente
croata, se encuentra con la inseguridad
jurídica que atenta contra sus recursos.
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