"Me
van a entregar la cédula y va a cambiar todo en mi vida: inmediatamente voy a
poder ingresar a la universidad, voy a poder trabajar, voy a tener seguro
médico...". Así habla Pamela José Vicente de una aspiración que comparte
con decenas de miles de ciudadanos que han vivido durante décadas en un limbo
legal en República Dominicana.
Pese
a haber nacido hace 23 años en la nación caribeña, a Vicente las autoridades
dominicanas siempre le negaron los documentos porque sus padres, que llegaron
hace más de tres décadas "para trabajar en la caña, como todos",
dice, no podían demostrar que vivían de manera legal en el país.
Por
eso, cuando acabó el bachillerato no pudo seguir estudiando y tuvo que
dedicarse a trabajar como asistenta doméstica: "No podía hacer nada: ni
seguro médico, ni licencia, nada...", explica.
Pero
ahora los hijos y nietos de inmigrantes haitianos que, como ella, no tenían
acceso a documentos por no poder demostrar la estancia legal en el país de sus
padres, parecen tener un motivo de esperanza en una ley recién aprobada por el
Congreso y promulgada por el presidente dominicano, Danilo Medina.
Aunque
el número de los posibles beneficiados por la norma varía en función de quién
haga la cuenta, se estima que más de 20.000 personas podrán pasar a ser
dominicanas en una primera instancia gracias a la ley, si bien las
organizaciones de derechos humanos apuntan que el total los afectados por esa
situación roza el medio millón.
"Paso
definitivo"
La
resolución del TC de septiembre del año pasado provocó un fuerte rechazo
internacional.
La
norma que puede cambiar sus vidas vio la luz verde tras un largo proceso de
consultas del gobierno dominicano con diferentes sectores sociales, después de
que en septiembre una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) al respecto
desatase una fuerte polémica con repercusiones internacionales.
La
resolución del TC, que fue tildada por ONGs de racista y criticada incluso por
la ONU, negaba la nacionalidad a los hijos de extranjeros que vivían en el país
de manera irregular.
Pero
para otros, dentro de República Dominicana, se trataba del paso definitivo para
concretar las leyes y regular a los ciudadanos en esa situación.
En
esa línea es como el gobierno ha interpretado la norma recién aprobada. Para el
ministro de la Presidencia dominicano, Gustavo Montalvo, la ley "es un
gran paso en la solución de las debilidades históricas en el registro y
documentación de ciudadanos".
La
norma "vela y preserva nuestro ordenamiento jurídico y garantiza los
derechos fundamentales de los que nacieron en el país", dijo el ministro
en las redes sociales tras su aprobación.
Concretamente,
la nueva ley establece un régimen especial para los hijos de inmigrantes
-haitianos en su mayoría- inscritos irregularmente en el registro civil y abre
una puerta a la naturalización a quienes nunca tuvieron documentos o a quienes
tuvieron que inscribirse como extranjeros pese a haber nacido en suelo
dominicano.
Pero,
¿es la solución definitiva para los ciudadanos que han vivido durante décadas
en el limbo?
"Extranjeros
en su país"
Solo
parcialmente, responden algunos expertos y asociaciones afectadas consultadas
por BBC Mundo.
En
el caso de quienes, como Pamela José Vicente, fueron registrados de manera
irregular en el censo al nacer, con la nueva norma pueden adquirir sus
documentos dominicanos de manera directa.
Sin
embargo, no todos los nacidos en República Dominicana de padres haitianos lo
tendrán tan fácil como ella.
Dos vecinos condenados
a entenderse
Desde principios del
siglo XX, miles de inmigrantes haitianos cruzaron la frontera para trabajar
principalmente en la agricultura en República Dominicana.
Según el censo oficial
publicado en mayo de 2013, más de 450.000 migrantes haitianos vivían en
República Dominicana, la mayoría en situación irregular.
Desde la década de los
90 se han presentado denuncias ante organismos de derechos humanos por el trato
que se da a la minoría de origen haitiano en el país.
La situación se agravó
desde 2007, cuando se envió una circular a las oficinas de registro civil para
que no emitieran actas de nacimiento certificadas a los hijos de inmigrantes
ilegales.
Hasta 2010 se
consideraba que tenían derecho a la nacionalidad todos los nacidos en suelo
dominicano con excepción de los hijos de diplomáticos y los extranjeros
"en tránsito".
Ese año se aprobó una
reforma de la Carta Magna según la cual los hijos heredan el estatus migratorio
de sus padres.
En septiembre de 2013,
el TC emite un fallo que niega una cédula de identidad a una ciudadana por no
poder demostrar que sus padres, de origen haitiano, tuvieran residencia legal
en República Dominicana.
El 23 de mayo de 2014,
poder ejecutivo promulga la ley que establece un régimen especial para las
personas en esa situación.
Algunos
deberán acogerse al Plan de Regularización de Extranjeros en condición
irregular para tratar de obtener la ciudadanía. Es el caso que nunca fueron
inscritos en el registro civil o que fueron inscritos como extranjeros pese a
haber nacido en República Dominicana.
Y
ahí es donde han surgido las críticas. Como la de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que, pese a alabar la
ley, lamentó que no incluya a este grupo que, a su juicio, "son la mayoría
de los afectados".
En
ese mismo sentido se expresó el primer ministro haitiano, Laurent Lamothe,
quien en declaraciones a BBC Mundo a través de Twitter, aseguró que si bien el
gobierno de su país "da la bienvenida a la ley", aún está evaluando
su impacto" y matiza que "hasta ahora parece que sólo beneficiará al
25% de los dominicanos afectados".
"La
ley sólo resuelve, en principio, automáticamente y de manera clara y correcta,
la situación de unas 22.000 personas, menos del 10%", dice en ese sentido
Santiago A. Cantón, del Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert
F. Kennedy, con sede en Washington D.C.
"Una
forma de plantearlo es que de un día para otro tiraron por la borda de un barco
a mil personas y ahora están tirando un par de salvavidas en lugar de enviar
500 botes", apunta en declaraciones a BBC Mundo el experto, quien fue
presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En
ese sentido, William Charpantier, coordinador de la ONG Mesa Nacional Para las
Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird), recuerda que la
mayoría de la gente que podría ser beneficiada por la ley nunca fue registrada
oficialmente.
"Desde
los años 86 o 90 y hasta 2010, las oficialías (registros) no están registrando
a los hijos de los inmigrantes que nacieron en la República Dominicana bajo el
argumento que no tienen una residencia legal en su país o un documento legal.
Son jóvenes, mayores de edad que no tienen ningún tipo de documento, que no
fueron declarados", lamenta Charpantier en declaraciones a BBC Mundo.
"Según
la ley, primero tienen que inscribirse en el libro de extranjería y luego
disponerse para entrar en el plan nacional de relación de extranjeros y a los
dos años hacer la petición de la naturalización. Eso va a depender de cada
persona que asuma eso. La gente va a durar dos años como extranjero en su
propio país que lo vio nacer y crecer", lamenta.
Charpantier
reconoce los esfuerzos del gobierno de Medina pero pide al Estado que tenga en
cuenta "los elementos particulares de este grupo".
"No
es un extranjero cualquiera que entró de manera legal o ilegal al país y
después solicita la naturalización, sino personas que nacieron y vivieron en RD
sólo que sus padres no podían registrarlos pero culturalmente son
dominicanos", explica.
"No
es un triunfo total, ni parcial, así lo hemos visto. No es algo para celebrar
sino un compromiso más para seguir promoviendo que se resuelva la problemática
de los dominicanos de ascendencia haitiana y sus familias", concluye el
coordinador de Menamird.
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